Análisis: ¿Amenaza el narcotráfico las democracias de América Latina?

En diferentes países de Latinoamérica, con cada vez más frecuencia políticos y funcionarios electos están utilizando sus cargos públicos para delinquir y asociarse al narcotráfico.

Por más que desafió al sistema judicial de su país, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el pasado lunes perdió el recurso legal que presentó ante la Suprema Corte hondureña para tratar de bloquear la solicitud de extradición que emitió Estados Unidos en su contra.

El exmandatario, de 53 años, quien asumió el poder en enero de 2014 y que fue arrestado en febrero de este año, a dos semanas de abandonar el cargo, ahora viajará esposado a Nueva York para ser enjuiciado en una corte federal por presuntamente estar vinculado al crimen organizado.

Según la acusación formal de Estados Unidos, por años Hernández supuestamente estuvo involucrado en lavado de dinero, tráfico ilegal de armas y recibió sobornos de manos de narcotraficantes, dinero que les permitían permanecer fuera de la cárcel y continuar con su negocio ilícito de drogas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que Hernández recibió $1.5 millones de dólares provenientes del crimen organizado, que donaron dinero a la campaña que lo llevó a la presidencia de Honduras.

Hernández, por su parte, niega rotundamente esta gravísima acusación e insiste en que se trata de una venganza política orquestada por la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

La buena noticia para Hernández es que, en Estados Unidos, la ley criminal presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Por eso, si en realidad el expresidente de Honduras está libre de culpa como él asegura, entonces sus abogados defensores deberán demostrarlo en la corte.

Ahora bien, al leer los detalles de este caso me surge una pregunta: En momentos cuando los narcotraficantes están contribuyendo a las campañas de los candidatos políticos, ¿está la democracia del continente latinoamericano en riesgo?

La realidad es que no hace falta mirar hacia Centroamérica para encontrar réplicas de este fenómeno corruptivo.

Actualmente en el Congreso Nacional de República Dominicana se sabe de la existencia de un grupo importante de legisladores que fueron electos gracias al respaldo de las contribuciones del narcotráfico. También están numerosas instancias de funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, que utilizaron sus cargos públicos para escudarse de la justicia y delinquir abiertamente sin consecuencias.

Lo peor: La corrupción gubernamental y los vínculos con el narcotráfico salpican tanto al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) como a su predecesor, el casi vitalicio Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Está por ejemplo el caso de Jeremías Jiménez Cruz, quien en 2004 fue nombrado vicecónsul de República Dominicana en Alemania y años más tarde, Cónsul General del país en Jamaica.

Jiménez Cruz, sin embargo, no pasará a la historia como un destacado diplomático, sino que será recordado como un narcotraficante convicto por la Justicia de Estados Unidos. A mediados de marzo pasado, el también presidente del Movimiento Cristiano Nacional, de 52 años, fue sentenciado a 15 años de prisión por abusar de su posición como funcionario del gobierno dominicano para traficar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

Pero él no es el único. Está el vergonzoso caso del diputado por Santiago, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, quien todavía aparece como miembro de la Cámara Baja a pesar de que el 18 de mayo del año pasado fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Según la acusación formal en su contra, entre 2014 y 2017, Gutiérrez Díaz formó parte de una red de narcotráfico trasnacional que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos y distribuía cocaína. Supuestamente, el legislador enviaba drogas a Estados Unidos oculta en cajas de alimentos frescos a bordo de barcos mercantes o en yates de su propiedad.

Hoy Gutiérrez Díaz, quien tiene una fortuna estimada de $15 millones de dólares, está luchando para que un tribunal determine que no es capaz de enfrentar el juicio en su contra debido a que padece problemas de salud mental.

El último caso importante a destacar es el de la Dra. Rosa Amalia Pilarte López, diputada de La Vega quien está siendo acusada de lavado de dinero al no poder justificar los $2,593 millones de pesos dominicanos de activos bajo su nombre cuando su salario como médico jamás ha superado los $30 mil pesos mensuales, según Tesorería de la Seguridad Social.

Se especula que su jugosa fortuna también podría proceder del narcotráfico.

Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? Lo primero es que el gobierno dominicano ratifique la autonomía del ministerio público para que investigue y lleve a la cárcel a cualquiera que haya delinquido. 

Lo segundo: que se apruebe algún tipo de legislación que, como se hace en Estados Unidos, obligue a los candidatos a documentar y reportar la procedencia de cada dólar que recibe su campaña. El país tiene que ponerse duro con los corruptos y los narcotraficantes. Yo soy Fernando Almánzar y así veo las cosas…

El periodista Fernando Almánzar es ganador de tres Premios Emmy a la excelencia en la producción de televisión, y actualmente trabaja en Miami como productor y editor de asignaciones de CNN en Español. Puede escribirle por email a fernandoalmanzar@aol.com.