Shakira enfrenta juicio en España por seis presuntos delitos fiscales

BARCELONA, España - La cantante colombiana Shakira será juzgada en España tras ser acusada de presuntamente defraudar el equivalente a $15 millones de dólares en impuestos entre 2012 y 2014, por lo que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de $25 millones de dólares.

La jueza Ana Duro Palencia, del Juzgado de Instrucción #2 de Esplugues de Llobregat, en municipio de la provincia de Barcelona, determinó la apertura de un juicio oral contra Shakira por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública de España, según una resolución publicada este martes.

En diciembre de 2018, la Fiscalía de Barcelona dijo en una querella que la artista colombiana no presentó la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Patrimonio (IP) correspondientes a 2012, 2013 y 2014.

Según la fiscalía española, esto le produjo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12.3 millones de euros por IRPF y otro de 2.19 millones de euros por el impuesto de patrimonio a la Agencia Tributaria de Catalunya (unos $15.8 millones de dólares en ese momento).

Un comunicado que la agencia de comunicaciones de Shakira le entregó a la Agencia EFE, la defensa de la cantante considera que el juicio oral será un "paso más" del proceso "habitual" de estas características y agregaron que el equipo legal de la cantante subraya que hará su trabajo pronunciando sus argumentos en el momento oportuno, a través del escrito de defensa.

El 21 de septiembre, Shakira calificó de "falsas" las acusaciones en una entrevista con la revista Elle: "Pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad no les debo nada".

En julio pasado, un comunicado difundido por el equipo de relaciones públicas de la cantante afirmó: "Shakira y su equipo consideran que este caso constituye una total violación de sus derechos, ya que siempre ha mostrado un comportamiento intachable, como persona y contribuyente, y una total disposición a resolver cualquier desacuerdo desde el principio, incluso antes del proceso penal". 

Shakira ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía -más otros tres millones de euros en intereses-, lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.

El pasado mes de mayo la Audiencia de Barcelona avaló enviar a la cantante a juicio, ante los indicios de que residía en España "de manera habitual" entre 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de una localidad cercana que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.

Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo fueron por "motivos profesionales, con una duración muy corta", excepto la temporada en que participó en el programa estadounidense "The Voice" (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira "era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial", tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.

Para evitar pagar esos impuestos, según el Ministerio Público, Shakira "utilizó un entramado societario", con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.

La Fiscalía sostiene que el "plan" de la cantante era que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba "en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales" a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante acordó con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, para "fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación", mantiene el Ministerio Público español.

Esos acuerdos dieron pie a una "mínima tributación fiscal", de tan solo el 2% de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.

Los últimos acuerdos "Tax Ruling" los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero "en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos", asegura el Ministerio Público.

Shakira rechazó el pasado 27 de julio el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por fraude fiscal y decidió ir a juicio, argumentando entonces que confía "plenamente" en su inocencia, según la fuente.

La artista colombiana dispone de tiempo para pactar con las acusaciones -que incluyen, además de la Fiscalía, a Hacienda y a la Agencia Tributaria catalana-, hasta el momento de sentarse en el banquillo.

Como ninguna de las penas que se le solicitan supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena, la cantante podría beneficiarse de una suspensión de la pena y evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal.

Shakira dispone ahora de 10 días para presentar su escrito de defensa.