¿Qué debe unirse al proyecto de aguas de Wellington Arnaud?
Por Johnny Sánchez
Especial para Mi Tierra News
MIAMI, Florida - Un gran convenio comercial entre el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) de República Dominicana con Israel es lo que debemos ponderar en lo que resta del año 2023, con la siguiente base: "Solo evaluar la disponibilidad actual de agua, las pérdidas y los usos de los recursos hídricos, formular escenarios alternativos de desarrollo para la gestión del agua potable, así como su demanda y su uso, no es suficiente, necesitamos la tecnología de Israel a costo subsidiado".
En República Dominicana se aprobó la ley del agua 2023, las juntas de regantes, que son las que reciben el agua en los canales de riego para la agricultura, van a tener que recibirlas en metro cúbico; van a tener que pagar, porque ellos cobran a los usuarios, pero no le devuelven un centavo al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) ni a INAPA, según las quejas que escucho.
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| El director de INAPA, Wellington Arnaud, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader |
Durante su reciente visita a Miami, traté de preguntarle a Arnaud lo siguiente: "Tenemos conciencia clara de que la ley de agua se necesita, además el país debe resolver problemas hídricos fundamentales, como la situación que se da en la región Este, Punta Cana, en donde no hay una sola presa y toda la lluvia que cae, que es mucha, ¿se va al mar sin que pueda aprovecharse, se hace algo?
Felicito su plan de INAPA llamado Proyecto de Agricultura Resiliente y Gestión Integrada de Recursos Hídricos de Las Cuencas Yaque Del Norte y Ozama-Isabela, pero falta algo más... ¿Qué?
Por su parte, el Ing. José Raúl Pérez Durán, gerente de Planificación del INDRHI y a quien entrevisté, explicó que "el Gobierno no cobra por el agua de riego, pero las juntas de regantes sí cobran a sus miembros para limpiar y mantener los canales que el INDRHI les entrega, es decir, solo cobran una parte de los costos".
Reconocen que, en República Dominicana, como en muchos otros países, los agricultores carecen de la capacidad económica para pagar lo que cuesta servirles el agua que utilizan en sus cultivos.
En este año, un grupo de asesores de una tesis de grado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) estimaron, más que el costo, el valor del agua en riego, por un método llamado "la Plusvalía de la Tierra", es decir, que para el caso por ejemplo de Baní, averiguamos cuánto cuesta una parcela sin riego y cuanto con riego.
En función de eso determinaron que el valor del agua en riego es de RD$10 pesos por metro cúbico, pero en zona urbana y en lugar sin riego, se paga la potable a regañadientes.
La agropecuaria utiliza el 80% de la totalidad de la oferta de agua, el consumo humano recibe un 12%, según el libro "Contraste de la disponibilidad y demanda de agua por provincia", de Gilberto Sánchez, pero ninguno de los sectores se inclina por pagar en forma religiosa el agua servida.
El Lic. Félix De la Cruz de León, director ejecutivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, explicó que esa institución con unos 13,485 usuarios facturó entre enero y octubre de este año RD$117.3 millones de pesos, de los que recaudó sin mora RD$60.7 millones, un 51.7%.
Un hogar de la capital, con un consumo básico, recibe una factura en la que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) explica que debe pagar una tarifa de RD$162 pesos, pero que el Gobierno le subsidia por el servicio RD$370 pesos, más del doble de la cantidad que le cobra.
"En términos generales, el 46.3% de los hogares del país recibe el servicio de agua, de dos a tres días a la semana y, el 33.9% lo recibe de seis a siete días", sostiene el estudio de Sánchez.
Pero usuario se queja con razón, el 32.7% de los hogares recibe el servicio de agua por menos de cinco horas, los días de la semana que lo reciben y propiciar un programa de construcción de acueductos para distribuir agua potable a todos los barrios del país debe ser prioridad para los congresistas.
Con esos datos los diputados deben actuar y reglamentar sin discriminar, porque el agua es vida.
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