Florida le declara la guerra a la inmigración de indocumentados

MIAMI, Florida - La comunidad inmigrante de Florida hoy respira un aire de incertidumbre tras la implementación el pasado 1ro de julio, de una nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis, que pretende detener y deportar a extranjeros indocumentados en el llamado "Estado del Sol".

Según DeSantis, quien hace poco presentó su candidatura para la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, la medida de Florida espera "combatir los efectos peligrosos de la inmigración ilegal causada por las políticas fronterizas imprudentes del gobierno federal".

El proyecto de ley primero fue aprobado el 28 de abril por el Senado de Florida, con 27 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones; y días más tarde, el pasado 2 de mayo, recibió el respaldo en la Cámara Baja estatal con 83 votos a favor, 36 en contra y una abstención.

Recordemos que el Senado de Florida está compuesto por 28 senadores republicanos y 12 demócratas; mientras que la Cámara Baja del Estado cuenta con 84 escaños republicanos y 35 demócratas. La votación de la medida fue netamente partidista contando con el respaldo de todos los líderes republicanos de la Legislatura Estatal de Florida.

Algunos expertos opinan que la medida podría tener un impacto negativo en la economía de Florida, especialmente a las industrias de agricultura, construcción y hotelería, que con frecuencia contratan a inmigrantes sin documentos porque no encuentran a trabajadores legales para ocupar puestos vacantes.

Esto se traduce en que algunos cultivos de Florida podrían dañarse por falta de personal para cosecharlos, precios más altos en las frutas y vegetales en los supermercados, retrasos en los proyectos de construcción por la falta de obreros, y escasez de habitaciones de hotel por no tener personal de limpieza, entre otros problemas.

La ley firmada por DeSantis ha motivado a muchos inmigrantes a abandonar el "Estado del Sol", incluso aquellos con estatus legal migratorio puesto que, si bien puede que ellos estén "legales", muchos tienen parientes inmediatos viviendo en Estados Unidos sin documentos migratorios.

¿En qué consiste la nueva ley anti-inmigrante?

La medida, que entró en vigor el pasado 1ro de julio, impone sanciones a personas que oculten, alberguen, transporten o protejan a inmigrantes en situación irregular.

Esto quiere decir, por ejemplo, que, si una persona transporta en su automóvil o alberga en su casa a un inmigrante sin documentos, podría enfrentar hasta cinco años en prisión y multas de hasta $5,000 dólares por cada indocumentado.

La ley dice además que en Florida ya no serán válidas las licencias de conducir o tarjetas de identificación expedidas a inmigrantes en situación irregular por otros estados. En la actualidad los estados de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington otorgan licencias de conducción a inmigrantes sin verificar su estatus migratorio.

La medida aprobada por DeSantis en Florida también se espera ponga en riesgo la salud de algunas personas que temen buscar servicios médicos por temor a ser deportados. Y es que, según la nueva ley, los hospitales que acepten Medicaid deberán verificar el estatus migratorio de los pacientes en sus formularios de admisión.

En cuanto a lo laboral se refiere, la ley de Florida exige que las empresas con al menos 25 empleados deben comprobar el estatus migratorio de sus trabajadores a través del sistema federal de E-Verify.

Empresas privadas "reubicarán" a migrantes

Días antes de la implementación de la nueva ley, la administración del gobernador de Florida eligió a tres empresas para ejecutar la siguiente fase de su programa de "reubicación de migrantes", según documentos que obtuvo la cadena de noticias CNN, en mayo pasado.

La División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) seleccionó a Vertol Systems Company, Inc, ARS Global Emergency Management y GardaWorld Federal Services para "manejar e implementar un programa de reubicación de individuos" que han sido procesados y liberados por el gobierno de Estados Unidos, según un documento de la agencia.

El contrato establece el marco para enviar a migrantes nuevamente hacia ciudades lideradas por demócratas, como ocurrió en 2022 cuando Vertol Systems Company, Inc. proporcionó dos aviones que trasladaron migrantes de San Antonio, Texas, a Martha's Vineyard, Massachusetts, bajo la orden de DeSantis.

El estado exige a los proveedores que sean "los únicos responsables" de principio a fin del transporte de las personas, incluidos los servicios sociales que se les deben prestar en las ciudades de destino.

¿Cómo operarán estas empresas?

Los proveedores tienen el deber de proporcionar servicios de transporte, tanto terrestres como aéreos, para asistir en lo que la administración de DeSantis está llamando la "reubicación voluntaria de extranjeros no autorizados inspeccionados", quienes han aceptado ser reubicados desde "Florida, u otro estado, a un lugar dentro de Estados Unidos".

La FDEM no detalló el número de migrantes que se estima serán transportados y dice que la cifra se determinará "en función de las circunstancias sobre el terreno". Un proveedor señaló su capacidad para trasladar entre 40 y 50 pasajeros a la semana o unos 2,200 en un año.

Un documento con preguntas y respuestas entre proveedores anónimos y el FDEM, que se publicó en el portal de internet de contratación del estado, revela detalles de cómo quiere Florida que las empresas ejecuten el programa.

Uno de los proveedores mencionó California, Nueva York y Georgia como posibles destinos de los vuelos procedentes de Florida.

El estado quiere que los proveedores comiencen a transportar a los migrantes "en un plazo de 72 horas a partir de la notificación de la división", y deben cumplir su contrato hasta el 30 de junio de 2025, a menos que se termine antes.

En respuesta a una pregunta sobre la gestión del transporte de menores, la FDEM comentó que no "prevé el traslado de menores sin un padre o tutor".

La agencia dijo que anticipa que este contrato "se delegue por completo", al explicar que las empresas "localizarán e identificarán, investigarán y verificarán a los individuos para la elegibilidad del programa y el transporte".

Un proveedor preguntó hasta qué punto estaría involucrado con los medios de comunicación o los estados después de ejecutar vuelos de reubicación, citando "potencial de que el traslado puede ser visto como controvertido (como lo fue en el pasado)."

La FDEM ordenó a los contratistas y subcontratistas que remitieran todas las solicitudes de los medios de comunicación a la agencia.

El documento afirma que se han asignado $10 millones de dólares a la FDEM para este programa durante el año fiscal 2022-2023, que expira el 30 de junio.

Hasta el momento, Vertol Systems Company, Inc, ARS Global Emergency Management, y GardaWorld Federal Services no han emitido comentarios.