Ley obligaría a los ciudadanos dominicanos a mantener a los haitianos

Un proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes, sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República el 12 de diciembre de 2022, contempla derechos y acciones a favor de las víctimas de estos delitos.

SANTO DOMINGO - En un intento para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la legislatura de República Dominicana está considerando un proyecto de ley qué, de ser aprobado, obligaría a los ciudadanos dominicanos a cubrir los costos de manutención de los inmigrantes haitianos que entran al suelo quisqueyanos de manera ilegal.

La medida fue sometida por el Poder Ejecutivo ante el Senado de República Dominicana el 12 de diciembre de 2022, y contempla derechos y acciones a favor de las víctimas de delitos migratorios.

La pieza legislativa, que se encuentra en fase de estudio, establece en su Artículo 63 gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país "debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique".

El problema radica qué, en momentos cuando la nación caribeña enfrenta una crisis por el alto número de haitianos que entran de manera ilegal a República Dominicana, hay quienes la critican porque estaría abriéndole una posibilidad legal para que puedan permanecer en el país.

Conforme a lo establecido en esta legislación, el proyecto sostiene que para la protección de las personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes, toda persona jurídica o entidad deberá pagar una Contribución Especial obligatoria en base a sus ingresos, para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes.

En términos simples, lo que dice el párrafo anterior es que los contribuyentes dominicanos y las empresas que operan en el país deberán aportar en sus impuestos para costear los gastos de estas personas, víctimas de la trata ilegal de migrantes.

Los aportes a los que se refiere el Artículo 34 de esta ley, deberán realizarse de acuerdo con los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, conforme a lo siguiente: Persona jurídica o entidad con ingresos de cero pesos hasta RD$1 millón de pesos dominicanos, aportarán RD$150 pesos anuales; mientras que quienes tengan ingresos de RD$1 millón de pesos hasta RD$8 millones, aportarán $450 pesos.

Las personas jurídicas o entidades con ingresos de RD$8 millones de pesos hasta los RD$20 millones, deberán aportar RD$1,500 pesos. Las que tengan ingresos de RD$20 millones hasta RD$50 millones aportarán $9,000 pesos; así mismo, las que tengan ingresos de RD$50 millones de pesos hasta RD$100 millones aportarán RD$27,000 pesos; y las que tengan ingresos superiores a los RD$100 millones de pesos aportarían anualmente $78,000 mil pesos.

La propuesta de ley expresa que los montos previstos en el artículo anterior serán indexados anualmente, conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central de República Dominicana, o lo que es lo mismo, los niveles de inflación.

Esta legislación advierte que la contribución establecida es de carácter obligatorio para toda persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el territorio nacional, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios.

Los migrantes beneficiados por esta medida eventualmente podrán gestionar un permiso de trabajo, así como cualquier otro que les sea necesario ante las instituciones estatales correspondientes.

Además, las víctimas podrán optar por un seguro de salud, hasta tanto permanezcan dentro de la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, una entidad que será fundada en caso de aprobarse la ley.