Los indocumentados haitianos representan una amenaza para República Dominicana
Por Onorio Montás
Revista Dominical Dejando Huellas
SANTO DOMINGO - Wilson Gómez Ramírez, presidente de Instituto Duartiano, afirma que la presencia masiva de indocumentados haitianos representa una amenaza para la seguridad y la existencia de República Dominicana, al punto que el turismo de la nación está en riesgo por la situación de inestabilidad en Haití.
El experto dice estar muy preocupado por la presencia masiva de indocumentados haitianos, en especial por el hecho de que no se esté cumpliendo con la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana, aunque la misma es vinculante a todos los poderes del Estado.
Gómez Ramírez explicó que, con la Ley 169-14 o Ley de Naturalización Especial, y los intentos del gobierno del expresidente Danilo Medina de invalidar la Sentencia 168-13, "la legislación dominicana es clara y precisa, al establecer que no a todos los nacidos en territorio de República Dominicana les corresponde la nacionalidad dominicana".
En República Dominicana hay un alto número de haitianos realizando actividades laborales sin documentos, mayormente en las áreas de la construcción, la agricultura y el turismo. |
El presidente del Instituto Duartiano reiteró que la presencia de indocumentados haitianos es tan delicada, que muchos dominicanos se sienten inseguros en las áreas recreativas, como son los parques de los pueblos del interior y en los centros urbanos. Está también el problema de los repartidores o llamados "deliveries", que utilizan muchos colmados para entregar mercancías a domicilio en sectores de clase media, añadió.
"Mujeres haitianas pagan hasta US$5,000 dólares para dar a luz en República Dominicana, en nuestros hospitales, y uno se pregunta, ¿a manos de quién va a parar ese dinero?", señaló Gómez Ramírez.
El abogado destacó también las quejas de transportistas dominicanos, que de manera regular trasladan pasajeros en pueblos fronterizos cerca de Haití, que son objeto de rigurosas requisas por las autoridades dominicanas; un fenómeno que supuestamente no ocurre con los transportistas haitianos del área.
El abogado Wilson Gómez Ramírez, actual presidente del Instituto Duartiano y exmiembro del Tribunal Constitucional de República Dominicana. |
El exmagistrado, entrevistado por el periodista Onorio Montás en su programa "Revista Dominical Dejando Huellas", agregó que al no aplicarse las leyes migratorias, los haitianos pueden ingresar y establecerse fácilmente en República Dominicana, ocupar inmuebles abandonados, lo que funciona cómo "estímulo para que sigan llegando familias enteras al territorio dominicano, sin ningún tipo de documento".
El exmiembro del Tribunal Constitucional entiende que en República Dominicana no se está cumpliendo con el Artículo 10 de la Constitución, a los fines de crear una normativa que enfrente el tráfico de personas por la frontera y todo tipo de contrabando. Éste artículo manda a privilegiar la frontera para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos que viven en pueblos fronterizos, así como desarrollar la zona.
Precisó además que dicho artículo de la Constitución instruye a las autoridades a realizar programas de radio y televisión para preservar la dominicanidad, especialmente en la frontera, para evitar que emisoras haitianas invadan las frecuencias radiales y televisivas de las estaciones quisqueyanas.
El presidente del Instituto Duartiano dijo no entender cómo las autoridades dominicanas nombran a cónsules y vicecónsules, quienes cobran en dólares y otorgan visas para entrar a territorio dominicano, cuando la mayoría de los haitianos no llenan los requisitos que exigen las leyes migratorias para obtener un visado; ya que no tiene el arraigo que se le exige a una persona cuando viaja a otro país.
En cuanto a la Sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional, Gómez Ramírez dijo que fue una decisión de mucha trascendencia y gran importancia porque marcó un procedimiento, una decisión vinculante que tuvo un efecto, y puso como ejemplo el actual registro civil del país.
"La sentencia logró sus efectos al organizarse el registro civil, hay que reconocer el esfuerzo de la Junta Central Electoral y su titular, el Dr. Roberto Rosario, quien pagó el precio de esa decisión, ya que había agentes extranjeros que querían incursionar en el registro civil dominicano", sostuvo.
Gómez Ramírez indicó que los registros civiles son instrumentos donde se libra la nacionalidad de un país, y donde se expresa la soberanía, por lo cual debe ser blindado siempre como la bóveda del Banco Central.
El experto sostuvo que el Dr. Rosario resistió los despropósitos de que agentes externos querían incursionar en el registro civil dominicano, por eso le cancelaron el visado de Estados Unidos de una manera desconsiderada sin ni siquiera guardar las formas diplomáticas como se tratan estos tipos de sanciones.
En cuanto la Ley 169-14, explicó que esta fue una verdadera elución de la Sentencia 168-13, y una forma de volver atrás en algunas cosas, además esa ley es inconstitucional por muchas razones lamentablemente a la fecha no se ha conocido la acción directa de inconstitucionalidad.
"Esa Ley elude una orientación de una decisión definitiva vinculante y de cumplimiento obligatorio que proviene de la instancia más elevada del sistema de justicia de República Dominicana como es el Tribunal Constitucional", dijo Gómpez Ramírez.
El presidente del Instituto Duartiano expresó que, apegado a Ley 169-14, se hicieron incursiones en los ámbitos penales estancada hasta hoy. Porque si una persona utilizó documentación falsa para inscribirse en el registro civil dominicano, y por ese hecho no fue objeto de un proceso penal para que responda por el uso de documentación falsa, sin embargo, aquí se han sancionados a muchos muchachos prospectos valiosos que utilizaron de manera impropia documentación de algún hermano para lograr firmas de la grande liga de béisbol estadounidense.
Gómez Ramírez añadió que esa llamada Ley de Regularización, en algún momento tendrá que ser revisada, ya que ese proceso que se siguió fue totalmente amañado; fue un proceso en contra del ordenamiento jurídico y el orden constitucional de República Dominicana. Muchos notarios recogieron en acto de notoriedad muchas informaciones falsas, porque muchos ciudadanos a nivel nacional se negaron a declarar que conocían a personas que nunca la habían visto en su vida.
Agregó que habrá que hacer una revisión a fondo de esta situación de la migración ilegal haitiana "porque lo que está en juego es el futuro de la patria", y "no sé hasta donde las autoridades actuales conocen la realidad de este asunto".
Enfatizó que el turismo en República Dominicana está amenazado por la situación de inestabilidad en Haití, ya que las bandas criminales que operan allá también están integradas por dominicanos, que tanto cruzan para allá como para acá, y probablemente para los fines y propósito este no sea su destino, ya que Haití se está agotando y pronto esa banda cruzaran para el lado dominicano a buscar lo que no encuentren en territorio haitiano.
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