El gobierno de Trump negará la residencia a inmigrantes que hayan recibido beneficios públicos
En un intento por hacerle frente a la inmigración, la administración del presidente Donald Trump anunció a mediados de agosto la implementación de una nueva política migratoria que castigará a inmigrantes que en el pasado hayan recibido ciertas ayudas del gobierno.
La Casa Blanca asegura que el propósito de esta medida es reducir el peso de la inmigración sobre los contribuyentes, evitando que los extranjeros que se queden en suelo estadounidense se conviertan en "carga pública".
La regla, que entrará en vigor el próximo 15 de octubre, parece apuntar deliberadamente a familias latinas de bajos ingresos.
A partir de esa fecha, las autoridades impondrán como requisito que los extranjeros que buscan una extensión de estadía o el cambio de estatus (por ejemplo, residencia permanente) demuestren que no han solicitado la asistencia pública al gobierno desde que obtuvieron el estado migratorio de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y tampoco recibieron beneficios públicos.
La nueva medida denegará a los solicitantes de residencia legal permanente y otros beneficios de inmigración, como visas, si usan asistencia alimentaria tales como los cupones de vivienda u otras formas de bienestar público.
La buena noticia es que la medida no afectará a personas que ya son ciudadanos por naturalización o que ya tienen residencia permanente, ya que no tiene carácter retroactivo.
La agencia cablegráfica Associated Press estima que 544,000 extranjeros solicitan una residencia permanente cada año, y que unos 382,000 solicitantes (70.22%) se verán afectados por la nueva política.
De forma paralela, activistas pro-inmigrantes temen que muchos extranjeros que quizás califican para recibir ayuda del gobierno, ahora no la solicitarán por temor de afectar sus casos pendientes con inmigración. Esto podría afectar a niños enfermos que no recibirán la atención de salud necesaria por temor de ser deportados.
Esta regla cambia la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) interpreta e implementa la carga pública por inadmisibilidad. Lo que significa que cualquier oficial de Inmigración podrá evaluar si una persona podría convertirse en cualquier momento en una "carga pública".
Bajo estos lineamientos, un extranjero podría no ser elegible para una visa; no ser elegible de admisión al país y no ser elegible para ajuste de estatus.
La idea es demostrar que los extranjeros que vivan en los Estados Unidos "no dependan de los recursos públicos para solventar sus necesidades, sino que dependan de sus propias capacidades y los recursos de sus familias, sus patrocinadores y organizaciones privadas".
Los únicos permisos de estancia en el país y visas que fueron expresamente descartados de la aplicación de la regla son: Refugiados, asilados, solicitantes o portadores de visa T o visa U, personas protegidas por violencia doméstica (VAWA) y los Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ).
La recomendación: Consultar a un abogado especializado en leyes de inmigración antes de iniciar cualquier trámite migratorio, especialmente si se busca obtener una residencia permanente.
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El periodista Fernando Almánzar trabaja como Productor y Editor de Asignaciones en Telemundo, y ha sido galardonado con tres Premios Emmy como miembro del equipo del programa matutino "Un Nuevo Día".
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